De algunas instituciones de guarda y protección en el Anteproyecto de Código de las Familias. Novedad y utilidad ante la realidad cubana de estos tiempos

Por: MSc. Camelia Fajardo Montoya; Profesora Auxiliar de Derecho Civil y Familia. Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente.

El Anteproyecto de Código de las Familias constituye parte del camino iniciado, en nuestro país, con el propósito de dar cumplimiento a lo previsto en la Disposición Transitoria Decimoprimera, de la Constitución de la República de Cuba del año 2019. También cubre la necesidad de desarrollar los derechos plasmados en los artículos 13, 40, 42, 43, y 81 al 89, de su texto legal.

El Capítulo III del Título V de la Carta Magna vigente se dedica a la regulación constitucional de las familias, y reconoce la necesaria protección estatal, familiar y social a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.

En el Anteproyecto de Código de las familias se prevén instituciones o figuras que, desde la materia, se encaminan a la protección de estos segmentos poblacionales. Muy novedoso resulta en ese empeño el Título IX del referido Anteproyecto y su contenido en general. En el mismo se concentran importantes instituciones tales como: la guarda de hecho, el acogimiento familiar e institucional, las familias sustitutas, los alimentos voluntarios, la tutela y los cuidadores familiares. Sus pronunciamientos y su concepción, se corresponden con lo previsto internacionalmente en la Convención de los Derechos del Niño y en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con Discapacidad.

La articulación de las figuras previstas en el Título en análisis obedece, igualmente, a la necesidad de contar, desde el ámbito normativo, con un amplio abanico de opciones o catálogo de instituciones de guarda, ante el surgimiento de una pluralidad de situaciones. Estas, junto a las que tradicionalmente se presentaban en la práctica jurídica, demandan una solución especializada por parte del Derecho de Familia, ya que las normas del vigente Código no ofrecen para ello un cauce adecuado.

Al respecto vale plantear que, con excepción de la institución de la tutela, que se regula en el vigente Código de Familia, y que asume sus particularidades en el Anteproyecto que se presenta, el resto de las figuras son de nueva incorporación a la normativa familiar. Cada una de ellas con un propósito particular, resultan de gran utilidad en la Cuba de hoy.

La guarda de hecho es una figura ante la que nos encontramos, en muchas ocasiones, sin que seamos conscientes de ello. Se trata de una situación fáctica, iniciada en la mayoría de las ocasiones con fines dignos de reconocimiento, y que encierra el ejercicio efectivo de funciones tuitivas respecto de la persona y de sus bienes, ya se trate de una persona menor de edad o de una persona adulta mayor o en situación de discapacidad. Tal función se desempeña sin que exista nombramiento administrativo o judicial. Es una figura de apoyo a los sujetos antes mencionados, por la cual, una persona unida por vínculos familiares o allegados sin el nombramiento referido, asume de manera continuada el cuidado y la protección de los mismos, sin que sea de las personas obligadas legalmente a hacerlo.

Otra de las figuras reguladas en el Título es el Acogimiento Familiar, prevista como medida de protección alternativa al acogimiento institucional, y en respeto al derecho de toda persona a vivir en familia. En el caso del acogimiento familiar de los menores de edad, su finalidad es brindar un entorno familiar adecuado a sus necesidades afectivas y de desarrollo, cuando éstos se encuentren privados de su medio de origen o ante la imposibilidad de que se garantice adecuadamente su bienestar.

En el caso de los adultos mayores, el acogimiento familiar tiene como propósito mantener a los mismos en su medio social habitual, facilitando su integración en condiciones similares a las relaciones familiares.

Por su parte, el acogimiento institucional de menores de edad, también previsto en el Título, es una medida temporal cuya finalidad es brindar a niños, niñas y adolescentes protección y atención a sus necesidades afectivas y de desarrollo, cuando se encuentre privado de su medio familiar por diversas causas. Con ella se intenta su más pronta reintegración a su núcleo familiar de origen, a su acogimiento familiar o a su adopción, dependiendo de lo que más convenga a su interés superior.

Un elemento importante a destacar, respecto al acogimiento institucional, es el hecho de que quienes dirijan esos centros ejercen la tutela administrativa, o en su caso, la guarda de hecho de las niñas, niños y adolescentes acogidos en los mismos, respecto de los cuales no se tiene la responsabilidad parental o la tutela. Tales sujetos vienen obligados por ley a iniciar los trámites que correspondan a los efectos de la correspondiente privación de la responsabilidad parental, si los titulares de la misma incumplen sus deberes para con sus hijos e hijas internas al desatenderlos evidente, sistemáticamente y sin causa justificada durante 180 días.

La familia sustituta constituye otra de las novedades previstas en la normativa familiar, en materia de instituciones de protección; si bien en el Decreto Ley No. 76 de 1984 “De la adopción, los hogares de menores y las familias sustitutas” ya se regulaba de alguna manera. No obstante, con determinadas particularidades es acogida en el Anteproyecto y hace referencia a aquellas familias que, de modo voluntario, se vinculan con los centros de asistencia social de la red nacional en la labor de alojar, cuidar y atender a niñas, niños y adolescentes. Allí acogidos, los fines de semana, las vacaciones y otros periodos; brindándoseles la atención y el afecto que requieren en un espacio familiar.

La designación de las familias sustitutas es facultad de las direcciones de los centros de asistencia social de la red nacional, previa consulta con la Fiscalía, y antes de la vinculación de un menor a la misma, es requisito escuchar la opinión de este de acuerdo a su capacidad y autonomía progresiva.

Los deberes de las personas que tienen la responsabilidad principal de cuidado dentro de la familia sustituta se asimilan en el mismo alcance que se exige para los titulares de la responsabilidad parental en lo relativo al cuidado personal, afectivo y de protección de sus necesidades, sin perjuicio de la que corresponde a las direcciones de los centros de asistencia social.

Otra figura de protección de gran relevancia en la actualidad, que será de muy buena acogida ante una sociedad como la nuestra, caracterizada por un envejecimiento importante de su población es la de los alimentos voluntarios. Es un convenio de asistencia, donde una persona se obliga a ofrecer alimentos, en el más amplio sentido, a otra, que queda obligada a la transmisión de bienes o derechos como contraprestación. Se aclara que nunca se da entre las personas obligadas legalmente a prestarse alimentos.

Resultan, los alimentos voluntarios y su inclusión en el anteproyecto, un gran paso de avance en el ámbito normativo, sobre todo porque hay personas, por ejemplo, de la tercera edad que tienen patrimonio y bienes de considerable valor, sin familiares cercanos, y que más allá de requerir una suma o pensión alimenticia, lo que demandan es atención personalizada, compañía y cuidado por parte de otra persona; situaciones en las cuales esta institución sería una vía posible de solución a sus necesidades.

Debe hacerse alusión igualmente a la tutela, figura que tiene como finalidad la protección familiar y social de la persona y los bienes de niños, niñas y adolescentes que no han alcanzado la plenitud del ejercicio de su capacidad jurídica, cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental. Su designación puede ser por testamento, por escritura pública notarial y por resolución judicial.

En el primer caso, o sea, referido a la designación por testamento, el titular de la responsabilidad parental que no se encuentre privado o suspendido de su ejercicio, puede designar como tutor de sus hijos e hijas menores de edad, por testamento, a una o más personas, aspecto este que no se encuentra previsto en el Código de Familia vigente, y que resulta de gran valía. Por su parte, la designación del tutor a través de acto jurídico contenido en escritura pública notarial, igualmente, pueden realizarla los titulares de la responsabilidad parental en las circunstancias anteriores, pero sus efectos se supeditan a su fallecimiento o declaración judicial de presunción de muerte.

El anteproyecto en sede de tutela, igualmente, prevé las tutelas especiales, que se concretan en aquellos casos en que los titulares de la responsabilidad parental no tienen la administración de los bienes de los hijos e hijas menores; o cuando es necesario que, quien vaya a desempeñarse como tutor, tenga conocimientos específicos o particulares para que pueda lograr un adecuado ejercicio de la administración, dadas las características propias del bien o bienes a administrar.

Por último, la figura de los cuidadores familiares, referido a aquellas personas que asumen total o parcialmente la responsabilidad de la atención de otra u otras personas que forman parte de su familia, quienes, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, se encuentran en situación de dependencia para realizar sus actividades de la vida diaria y la satisfacción de sus necesidades materiales y emocionales. De una gran sensibilidad en la sociedad cubana actual, y sobre todo muy necesaria su acogida en el orden normativo, regulándose en el anteproyecto en torno a esta institución el contenido de la misma. Es decir, las funciones que debe asumir el cuidador, los derechos reconocidos a éste, sus deberes y la necesidad de su capacitación para el adecuado desempeño de su labor.

De gran utilidad resultarán las figuras reguladas en el Título, las que además de tributar a la protección de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, han sido reguladas con un adecuado enfoque de género, coherente incluso con los derechos reconocidos a los distintos miembros de las familias en su diversidad, reflejo de los instrumentos internacionales en la materia y del respeto al derecho de todas las personas a la vida familiar y a su dignidad humana.

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