En la causa 37 por los hechos ocurridos el 26 de julio, radicada en el Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba, fueron procesadas casi 200 personas, entre ellas politiqueros de la oposición burguesa, a los cuales se quería complicar en los hechos; prestigiosos dirigentes del Partido Socialista Popular, enemigos del régimen y simples ciudadanos capturados al azar. De los encausados, sólo 30 estaban verdaderamente complicados en los asaltos a los cuarteles de Santiago de Cuba y Bayamo. El 21 de septiembre dio inicio al juicio más importante de nuestra historia republicana. Aquella mañana en la ciudad hubo un amplio despliegue de las fuerzas represivas; la sala estaba completamente llena de militares. Esposados fueron introducidos los jóvenes integrantes de la Generación del Centenario. La primera vista comenzó con el informe lleno de mentiras del coronel Río Chaviano, que manifestó que los asaltantes sumaban entre 400 y 500 hombres; tenían contactos con agentes extranjeros y habían utilizado cuchillos para asesinar a civiles. Posteriormente comenzó el interrogatorio a los acusados. El tercero en declarar fue Fidel Castro, que poco a poco fue desbaratando la sarta de mentiras del régimen, y demostró que el movimiento revolucionario no tenía vinculación alguna con otros partidos u organizaciones políticas y explicó los justos objetivos de su lucha. A la pregunta de quién era el autor intelectual de la acción armada realizada el 26 de julio respondió: “Nadie debe preocuparse de que lo acusen de agente intelectual de la Revolución, porque el único responsable intelectual de ella es José Martí, el Apóstol de nuestra independencia.”

El Congreso Campesino en Armas se desarrolló en Soledad de Mayarí, bajo la presidencia de Raúl Castro y con la asistencia de 160 delegados y 500 invitados de Guantánamo, Baracoa, Alto Songo, Yateras y Mayarí. Las sesiones se desarrollaron en medio del asedio de la aviación enemiga. El Informe Central, leído por José Ramírez Cruz planteaba en una de sus partes: "Este Congreso Campesino ha sido convocado con el propósito de aunar los esfuerzos del campesinado, para junto con el glorioso Ejército Rebelde liberar a nuestra patria de la tiranía batistiana (...)". Entre los principales acuerdos estuvieron la necesidad de aprobar una ley de Reforma Agraria que favoreciera al campesinado desposeído: la creación del Comité Regional Campesino que trabajaría junto al Buró Agrario del Ejército para buscar solución a los problemas de los caficultores de la zona; el aseguramiento y extensión de los servicios educacionales y el fomento de las comisiones juveniles y femeninas. Otro acuerdo contemplaba la contribución que debía hacer el campesinado para el sostenimiento del Ejército Rebelde, el cual fue fijado en un 10 % sobre las ganancias de las cosechas. Al intervenir en el Congreso Raúl expresó: "El principal objetivo de los campesinos debe ser en este momento, forjar y mantener la unidad. He aquí lo principal si queremos lograr el triunfo y conquistar nuestras demandas (...) Obreros y campesinos tienen el mismo destino, deben unirse para luchar". Pocos días después de clausurado el Congreso, el 10 de octubre, el Comandante en Jefe promulgó la Ley No. 3 del Ejército Rebelde, denominada "primera ley revolucionaria agraria".